Greenpeace critica reforma eléctrica de AMLO: «Impulsa tecnologías caras y contaminantes»

CDMX a 06 de octubre del 2021.- «El alto costo de generación tendrá que verse reflejado en la tarifa eléctrica que nos llega o en un mayor subsidio, que al final de cuentas sale del dinero público, es decir de los impuestos», indicó en un comunicado la oficina mexicana de la alianza ambiental internacional.

Además, Greenpeace expresó su preocupación por el hecho de que la iniciativa busca desaparecer los órganos reguladores del sector energético, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Centro Nacional de Control de Energía, porque podría fomentar la discrecionalidad en la toma de decisiones desde la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
«El hecho de que la CFE pueda funcionar como juez y parte en el sistema eléctrico nacional deja mucho margen a tomas de decisiones que no necesariamente sean las mejores», acusó.
«Greenpeace México exige que la pugna ideológica entre lo público y lo privado no retrase de ninguna manera la transición energética justa que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero del sector que, según el más reciente inventario de emisiones, es el que más aporta en el país», apuntó.
Además, la organización sostuvo que el gobierno federal debe generar condiciones para disminuir la pobreza energética que afecta a tres de cada diez hogares en México.
«Queremos una transición energética real sin falsas soluciones, como el llamado gas natural, la energía nuclear o la captura de carbono. Queremos una transición que favorezca la descentralización y la autonomía energética de las comunidades y se dejen de usar de una vez por todas tecnologías altamente contaminantes como el carbón y el combustóleo», señaló Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de la organización.
No obstante sus objeciones a la iniciativa de López Obrador, Greenpeace México también reconoció que identifica aspectos positivos en el proyecto de ley, como entender la energía como un área estratégica, lo que la extraería de las lógicas del mercado y la asumiría como un derecho público.
«Lo problemático en esta situación es el cómo se garantiza ese derecho, porque el derecho a la energía no puede eliminar el derecho a la salud y a un medio ambiente sano», matizó la organización.
También aplaudió que el proyecto devuelve a México la potestad de sus recursos naturales, principalmente en el caso del litio, sin embargo lamentó la monopolización energética desde el Estado.
«Esto sin duda sería un grave error y un retroceso en el camino hacia democratizar la energía, no olvidemos que los proyectos de generación distribuida han servido para combatir inequidades y generar acceso a la energía a sectores de la población que sufrían de pobreza energética», señaló la oficina ambiental.

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