El Congreso capitalino propone el uso de tecnologías de la comunicación para aplicar la justicia digital en procedimientos mercantiles

CDMX a 19 de marzo de 2021.- A fin de avanzar en el sistema de justicia digital con el uso de tecnologías de comunicación en procedimientos mercantiles, el Congreso capitalino aprobó un dictamen para reformar el Código de Comercio y lo turnó para su análisis al Congreso de la Unión.

 

Al fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Desarrollo Económico, la diputada sin partido, Lizette Clavel Sánchez, destacó que estas reformas son relevantes para transitar hacia el gobierno electrónico bajo la luz de la nueva normalidad y de la propia búsqueda de la eficacia y eficiencia del servicio público.

 

Puntualizó que con las modificaciones a los artículos 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 y 1378 y la adición de los artículos 1074 bis y 1074 ter  al Código de Comercio, se implementan las notificaciones vía electrónica como parte de un sistema de justicia digital, que podrían ser por servicio de mensajes cortos o SMS, aplicaciones de mensajería instantánea o correo electrónico.

 

En su argumentación, planteó que los tribunales correspondientes ponderen el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la recepción, substanciación, resolución y seguimiento de todo procedimiento mercantil; asimismo, que sumen el correo electrónico al correo certificado y telégrafo para efecto de la notificación. De igual manera que se implementen servicios de mediación, facilitación virtual, búsqueda de datos y citas electrónicas.

 

Al razonar su voto, el diputado Nazario Norberto Sánchez (MORENA) destacó la parálisis en instancias jurisdiccionales que ocasionó la emergencia sanitaria por el Covid-19 e insistió en la importancia de ajustar estos procedimientos a las nuevas tecnologías y a la nueva realidad. “La justicia electrónica llegó para quedarse”, sostuvo.

 

En otro punto de la orden del día, el Congreso local aprobó el dictamen a la iniciativa ante el Congreso de la Unión para reformar y adicionar los artículos 17, 19, 20, 23, y 27 bis de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, y lo turnó a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.

 

En su presentación, la diputada Lizette Clavel, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, informó que esta iniciativa –presentada por el diputado Emmanuel Vargas Bernal (MORENA)–, tiene como objetivo disminuir los tiempos de sanción para las personas que caen en cartera vencida y así ayudar a flexibilizar el que subsanen su historial crediticio.

 

Al respecto, el diputado Ricardo Fuentes Gómez (MORENA), indicó que esta iniciativa atiende la necesidad de la población que por problemas económicos cae en retrasos de pagos por deudas pequeñas y posteriormente tiene dificultades para acceder a un crédito.

 

Asimismo, para evitar cobros adicionales a los consumidores por el uso de puntos de venta, se aprobó el dictamen a la iniciativa ante el Congreso de la Unión para adicionar el artículo 10 ter y reformar el artículo 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y adicionar una fracción I al artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito.

 

En su ponencia, la diputada Lizette Clavel comentó que el incremento de puntos de venta ha traído múltiples beneficios como protección al uso de dinero falso, control de gastos, transparencia ante la autoridad hacendaria, menor contacto con el dinero para evitar la transmisión de virus y bacterias, seguridad al consumidor al no llevar dinero en efectivo y facilidad en compras por internet, pero también ha originado cobros adicionales al usuario.

 

Señaló que con estas reformas se busca prohibir que los proveedores de bienes y servicios transfieran a los consumidores las comisiones por utilizar el servicio de terminal de punto de venta o dispositivos similares.

 

Al razonar su voto, el diputado Nazario Norberto (MORENA), quien es autor de la iniciativa, señaló que diversos usuarios se acercaron a él para denunciar cobros adicionales del 3 al 5 por ciento por el uso de tarjetas que les transfieren los bancos, lo que desincentiva el uso de dinero electrónico y aumenta los costos de sus compras.

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