La iniciativa de Reforma Indígena reivindica los Acuerdos de San Andrés, una asignatura pendiente en México

CDMX 20/07/2021.- Los pueblos indígenas del país participan activamente en la construcción de un nuevo marco constitucional, que ponga en el centro de las políticas públicas sus derechos inalienables, de manera especial el reconocimiento y respeto a sus procesos de libre determinación y autonomía consagrados de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

En ese sentido se llevaron a cabo las Asambleas Regionales en Las Margaritas y Ocosingo, Chiapas; así como en Tehuacán, San Miguel Canoa y Huauchinango, Puebla, donde autoridades municipales, agrarias y comunitarias aprobaron el proyecto de iniciativa de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. 

En la Finca San Mateo del municipio Las Margaritas, las y los participantes en la asamblea coincidieron en que la iniciativa de Reforma Indígena reivindica los Acuerdos de San Andrés sobre “Derechos y Cultura Indígena”, una demanda histórica vigente en todo el país desde el año de 1996, y que a la fecha sigue sin cumplirse tal como fue acordado por todas las partes. 

Resaltaron de manera muy especial el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, que se venía planteando desde hace varias décadas, asi como el ejercicio de la autonomía en los niveles comunitario, municipal y regional.  

En esta comunidad asentada en la frontera sur de México, el Comisariado Ejidal, Gabriel Aguilar Hernández, destacó la importancia de respaldar la iniciativa de reforma constitucional porque ha llegado la hora de contar con leyes que                                 promuevan la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.  

El proceso de diálogo abierto, horizontal y permanente en torno a la Reforma Indígena, ha despertado el interés y la participación de las comunidades, que han hecho valiosas aportaciones para que sean tomadas en cuenta dentro de la discusión legislativa, que se ha podido socializar con el respaldo popular y con el sustento de miles de firmas para que se pueda presentar la iniciativa al Congreso de la Unión. 

En la asamblea de Ocosingo la diputada federal Irma Juan Carlos, Presidenta de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, señaló que las comunidades viven un momento histórico en la lucha de sus derechos, con el propósito de saldar la deuda histórica que tiene el Estado con los pueblos indígenas. 

«Hoy vivimos un momento histórico, una coyuntura política diferente, gracias al gran triunfo del pueblo el primero de julio de 2018, cuando se decidió darle vuelta a la página gris y negra que vivíamos como país cuando éramos gobernados por un sistema neoliberal, que hizo todo para acabar con nosotros como pueblos y con nuestros derechos”. 

Refirió que hoy podemos presumir que vivimos en un nuevo régimen que busca la justicia y el bienestar, que sabe que el producto de la justicia es precisamente que haya paz social y desarrollo, con ejercicios de diálogo y participación, en busca de cambios profundos de las estructuras políticas, económicas y jurídicas. 

Por otra parte, en la Asamblea Regional celebrada en Tehuacán, Puebla, el inspector auxiliar de San José Bautista, Tlacotepec de Benito Juárez, Fidel Gómez Sánchez, señaló que los pueblos indígenas son la base para que pueda funcionar está propuesta de reforma constitucional, entendiendo la democracia a través de la participación ciudadana y con conocimiento de la ley para ejercer los derechos. 

En Huauchinango, las y los asambleístas manifestaron su acuerdo con la entrega de recursos públicos de manera directa a las comunidades indígenas, sobre todo en lo relacionado con los municipios y el respeto a sus formas de organización y normas de las comunidades para la elección de sus autoridades comunitarias. 

Exigieron el respeto y reconocimiento para sus autoridades, que se eliminen los requisitos en las leyes locales del estado para que las personas indígenas puedan ser autoridades y ocupar cargos públicos, además de que solicitaron el apoyo para infraestructura y desarrollo comunitario. 

Del mismo modo en San Miguel Canoa respaldaron el contenido de la iniciativa, de manera especial sobre el reconocimiento de las comunidades como sujetos de derecho público y que las mujeres indígenas tengan derecho a la propiedad de las tierras, al igual que los hombres. 

 
Pidieron que se reconozca y garantice el uso de las lenguas indígenas en todos los ámbitos y niveles educativos, además de que sea garante de los derechos de la niñez y la juventud con igualdad de oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo. 

La redacción de la propuesta de iniciativa de reforma constitucional estuvo a cargo del Comité Técnico de Expertos, integrado por mujeres y hombres con amplios conocimientos y experiencias en la materia jurídica indígena, quienes participaron en siete sesiones entre junio de y enero de 2021. 

Las modificaciones constitucionales que se pretenden someter al poder legislativo tienen entre muchos propósitos que se reconozca a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica, lo que implica la capacidad legal plena para ejercer sus derechos y funciones de autoridad. 

Del mismo modo, plantean consolidar el derecho de libre determinación y autonomía, al armonizarlo con los instrumentos internacionales en la materia y mediante mecanismos para su ejercicio efectivo. 

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