El Estado debe permitir la interrupción legal del embarazo

CDMX, 30 de septiembre de 2019.- La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, María Wendy Briceño Zuloaga, señaló que el Estado debe garantizar a las mujeres la plena salvaguarda de sus derechos sexuales, reproductivos y permitirles la interrupción legal del embarazo.

Durante la presentación de la iniciativa de Reforma a la Ley General de Salud en materia de Progresividad de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, la legisladora manifestó que ahora que hay una mayoría responsable en el Congreso, no se puede ignorar que a diario se registran muertes por malas prácticas a causa de que ellas sufren precariedad económica y tienen el poco acceso al sistema básico de salud.

Indicó que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), entre 2013 y 2018, 9.4 millones de mujeres de 15 a 49 añas dijo haber estado embarazada. De ellas, poco más de un millón manifestaron haber tenido al menos un aborto, “en estas cifras no hay claridad de las condiciones en las que se interrumpió embarazo”.

Destacó que hay entidades donde las sanciones por abortar van desde 15 días hasta seis años de prisión y multas de 20 a 300 Unidad de Medida y Actualización (UMA), trabajo en favor de la comunidad, diferentes formas de tratamiento médico o psicológico e, incluso, pena por reparación de daño.

Refirió que, ante este panorama, el diputado Porfirio Muñoz Ledo entre otros y otras legisladoras, han presentado una serie de iniciativas orientadas a legislar sobre la materia, porque a pesar de que durante años no fue posible abordar el tema, hoy lo es debido a que hay una mayoría responsable. “Qué sucede cuando hay más de una iniciativa, se pueden dictaminar en conjunto, lo cual permitirá complementar la propuesta para que quede lo mejor posible”.

En este asunto se habla de la vida de mujeres, adolescentes y niñas, por lo que es necesario ver esta problemática en toda su dimensión e impulsar una amplia la discusión, afirmó.

“Quiero reconocer a Oaxaca y sabemos que Hidalgo pronto se sumará a la legislación a favor de la interrupción del embarazo; tendrán nuestro acompañamiento, así como de los colectivos feministas, pues ello permitirá caminar hacia el progreso de las garantías de las mujeres”, puntualizó.

La diputada Sandra Paola González Castañeda (Morena), organizadora del evento, explicó que como parte del trabajo de análisis sobre el tema del aborto se han llevado a cabo foros a nivel nacional, donde participaron más de mil 200 especialistas: médicos, jueces, magistrados, académicos y demás involucrados en la progresividad de los derechos de las mujeres.

Apuntó que la iniciativa que hoy se presenta plantea la modificación de los artículos 329, 330, 331, 332 y la derogación del 333, 334 del Código Penal Federal; las adiciones de la Fracción V Bis del artículo 3, de un párrafo Cuarto al artículo 10 Bis, del Capítulo VI Bis y del artículo 71 Bis de la Ley General de Salud, con el propósito de reconocer y garantizar los derechos sexuales, incluyendo la interrupción del embarazo en condiciones de calidad cuando las mujeres así lo soliciten.

González Castañeda explicó que entre las iniciativas que integran esta propuesta existe una que plantea la autonomía reproductiva de las mujeres. “Representa un concepto que jamás se había tocado en la Constitución y que ahora ya lo vamos a tener”.

A partir de la frase autonomía reproductiva, expuso, “es como nosotras empezaremos a trabajar este concepto en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal, antes de llegar al Código Penal Único; queremos políticas públicas efectivas e iniciativas fundamentadas en los derechos humanos y en lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tratados internacionales”.

La presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez Galván (Morena), indicó que 29 entidades federativas establecen, como causal de exclusión o no punibilidad, que el aborto sea resultado de una conducta imprudencial o culposa; en 23, que exista peligro de muerte de la mujer embarazada; 15, que la mujer enfrente riesgo a su salud; en 16, que el producto presente alteraciones congénitas o genéticas graves; 15, que el embarazo sea resultado de inseminación artificial no consentida. En dos, que haya causas económicas para interrumpir el embarazo.

Especificó que la Organización Mundial de la Salud es clara en definir que un aborto es peligroso cuando el embarazo es interrumpido por personas que carecen de la calificación necesaria o en instalaciones que no cumplen con las normas médicas mínimas.

Además, recomienda que para prevenir embarazos involuntarios y abortos peligrosos los países deben implementar políticas propicias a fin de proporcionar el acceso a un aborto sin riesgo y legal, agregó.

“Entre abril del 2007 y 19 de diciembre de 2018, se habían atendido en los servicios de salud del gobierno de la Ciudad de México a 205 mil 353 mujeres para interrupción legal del embarazo, de las cuales 70 por ciento residían en la capital, 61 mil 755 correspondieron a mujeres procedentes de las 31 entidades federativas restantes”.

Señaló que la interrupción voluntaria del embarazo en México responde a una demanda de mujeres de todas las edades, niveles educativos y condiciones socioeconómicas, y que el marco de la ley en la Ciudad de México ha garantizado que los servicios se presten por personal calificado, tecnología recomendada, excelentes condiciones de higiene y óptimas garantías, seguridad y de acuerdo con las recomendaciones y evidencias internacionales.

Agregó que es necesario llevar a cabo reformas legales que den a todas las mujeres del país las mismas garantías de protección de sus derechos para que los procedimientos sean llevados a cabo en las mismas condiciones legales y seguras.

Nadine Flora Gasman Zylbermann, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), sostuvo que garantizar y proteger el derecho a decidir es un componente fundamental para avanzar hacia una política integral del Estado que abarque, desde una educación completa en sexualidad, hasta un cambio cultural e institucional que no criminalice a las mujeres por interrumpir su embarazo, ya sea sobre la decisión en el ejercicio de su libertad o por haber sido víctima de un delito sexual.

Esta transformación, apuntó, sólo será posible de la mano de los tres órdenes de gobierno, por lo que llamó a que cada uno, desde su trinchera, no frene el avance que fortalecerá el marco jurídico de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva. “El Estado mexicano, como laico, tiene la obligación y compromiso para que estas garantías se ejerzan con libertad y sin discriminación”.

Resaltó que los diputados están frente a una oportunidad histórica, por lo que pidió tener la fuerza y convicción para garantizarles a las mujeres una vida digna con la posibilidad de decidir por su vida, cuerpo y sus derechos. “Nuestras abuelas nos dieron el voto, nuestras madres la paridad y nosotras el derecho a decidir”.

Consideró que las modificaciones a la Ley General de Salud permitirán crear un marco jurídico idóneo, integral y progresivo con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que responda a las necesidades de las mujeres, pero sobre todo a su autonomía para tomar decisiones en cualquier momento de su vida.

“Levantaremos la voz tantas veces como sea necesario hasta que se comprenda que las mujeres tienen derecho de no frenar sus sueños y proyectos a causa de un embarazo y una maternidad cuando ésta no sea deseada”.

En este sentido, dijo que, de acuerdo con las estadísticas de interrupción legal del embarazo de la Ciudad de México, siete de cada diez mujeres que decidieron abortar tenían entre 18 a 29 años, un periodo de vida en la que se impulsa su vida académica y laboral.

Relató que, en el caso de las niñas, las cifras son alarmantes. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población en 2016 todos los días en el país 32 niñas se convirtieron en madres; es decir, 11 mil 808 niñas entre 10 y 14 años. “Como Estado tenemos la responsabilidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos conforme lo indica la norma 046 violencia familiar, sexual y contra las mujeres y la Ley General de Víctimas”.

Celebró el avance histórico de Oaxaca, pero destacó que falta mucho más por avanzar, respecto de la armonización legislativa y generar políticas públicas que permitan servicios de calidad a fin de proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, conforme con los más altos estándares internacionales en derechos humanos.

La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (Morena) detalló que de los foros realizados en 22 ciudades de 20 estados de la República, emanó la iniciativa que hoy se presenta y que “significa un trabajo de la ciudadanía, feministas y diversos legisladores de Morena para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres; en este caso, a través del bien primario que se posee, como es el cuerpo, y en congruencia con el derecho a la libre autodeterminación”.

Añadió que en esta legislatura y en otras se han registrado diversas iniciativas en este tema, por ello, se buscará conjuntar y fortalecer el marco jurídico para cumplir con las recomendaciones internacionales. “Con esta propuesta se garantiza el derecho a la interrupción legal del embarazo, la autonomía reproductiva de las mujeres, el ejercicio pleno de los derechos sexuales a través de políticas de asesoramiento, acompañamiento y finalización de los tratamientos”.

Las mujeres, dijo, tienen derecho a contar con los medios suficientes para garantizar el acceso a un aborto libre y seguro. Por ello, añadió, se necesitará erradicar la criminalización de las mujeres por parte del personal médico y de procuración de justicia, pues implica una violación a sus derechos a la autonomía, integridad física, psicológica y emocional”.

En tanto, la diputada de la misma fracción parlamentaria, Claudia Pérez Rodríguez, mencionó que con esta propuesta se busca eliminar los elementos que vulneran la protección, respeto y garantía de los derechos de las mujeres, toda vez que en la actualidad el Estado es quien “tutela nuestros cuerpos, a pesar de que nosotras debemos decidir sobre en qué momento se quiere ser madre”.

Enfatizó que es primordial que ellas tengan la posibilidad de decidir sobre su cuerpo, sexualidad y reproducción, pues de acuerdo con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) una práctica nociva del Estado es ejercer control de los cuerpos y la sexualidad de las mujeres y niñas.

Ante tales observaciones internacionales, esta Cámara de Diputados ha generado una discusión en 22 ciudades del país, donde los asistentes y participantes consideraron necesario garantizar la autonomía reproductiva de las mujeres y que existan políticas públicas de la más alta calidad de salud contando con asesoramiento, acompañamiento y finalización de tratamientos en la interrupción del embarazo.

Subrayó que la importancia de analizar este tema es que en México se registra un millón de interrupciones de embarazos, por lo que es un asunto de justicia social para eliminar la criminalización por parte del personal médico y persecución penal.

Las representantes de diversas organizaciones civiles a favor del aborto se congratularon por esta iniciativa impulsada por el diputado Porfirio Muñoz Ledo, ya que busca garantizar el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y que exista una interrupción legal del embarazo en condiciones de calidad.

También de Morena, la diputada Aleida Alavez Ruiz manifestó que es necesario que se transite en reformas al Código Penal y en la Ley General de Salud y se realice un pronunciamiento público en los congresos locales a fin de argumentar y hablar del tema. “Pedimos que el Estado haga valer la vida, y la vida implica el que también dejemos de padecer por estos abortos ilegales que están cobrando vidas de mujeres”.

“Necesitamos que este activismo lo llevemos a todos lados, en escuelas, estados o centros públicos, y explicar estos argumentos que tratan de un asunto de salud pública y que no se dejará de lado la defensa de las mujeres. En la Ley de Amnistía también se incluye el que quitemos esa pena a las mujeres que fueron criminalizadas por decidir sobre su propio cuerpo”, argumentó.

La senadora Citlalli Hernández Mora (Morena) comentó que en esta lucha se necesita ser responsables e inteligentes a fin de avanzar en mejoras. “Algo del aprendizaje que se ha dado es la capacidad de resistencia de las compañeras feministas que luchan dentro del Parlamento y en la calle frente a una ola peligrosa, conservadora y violenta que intenta señalarnos de asesinas y tratan de manipular el verdadero sentido de la lucha”.

“No hay ningún movimiento que luche tanto por la vida como el feminista; no hay ningún movimiento transformador o radical que pueda trascender tanto en este momento como la lucha feminista, porque pone en el centro la discusión de un sistema económico político que no ha funcionado, porque ha excluido a los distintos sectores”.

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