219 objetivos criminales relevantes han sido detenidos y puestos a disposición de jueces: Ernestina Godoy

CDMX a 05 de febrero de 2021.- En la presente administración, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha construido mapas completos de operaciones financieras y administrativas, tanto públicas como privadas, que revelan la implantación y operación de una maquinaria para el desvío sistemático de miles de millones de pesos de recursos de la hacienda pública local al más alto nivel, reveló la titular de la FGJCDMX, Ernestina Godoy Ramos.

En reunión virtual de trabajo con la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, la fiscal general explicó que hasta el momento se han judicializado 23 carpetas de investigación contra 35 exfuncionarios públicos de la pasada administración, quienes posiblemente desviaron recursos por aproximadamente mil 588 millones de pesos.

De acuerdo con el Programa de Persecución Penal 2021, presentado a los diputados que integran dicha comisión, se establece que, de estos 35 ex servidores públicos investigados, 12 de ellos ya han sido llevados ante los tribunales penales correspondientes, a fin de que respondan por los delitos que se les imputan.

“Tenemos evidencias que soportan cada una de estas afirmaciones y es nuestra obligación perseguir a los responsables, llevarlos ante la justicia y recuperar el patrimonio de la ciudadanía”, aseveró Godoy Ramos.

Con toda responsabilidad, advirtió, puedo asegurar que estamos frente a los hechos de corrupción más grandes de que se tenga registro en la Ciudad de México y uno de los más relevantes conocidos en el país, cuyos avances se darán a conocer en la medida que la ley lo permita, toda vez que se trata de un tema de interés público.

Las cifras que presentó la titular de la FGJ, a los legisladores locales, representa lo que se ha investigado a la fecha, pero conforme haya avances, el número de carpetas, montos y detenidos, se habrá de incrementar.

Lo anterior, dijo, es una prueba del compromiso que asumió la fiscal general, desde el inicio de su gestión, en el sentido de combatir a la corrupción como una tarea diaria, en la que prevalece el trabajo profesional, objetivo, basado en evidencias y pruebas.

En ese sentido, Ernestina Godoy reiteró su compromiso de combatir la corrupción sin distinciones, jerarquías, fueros, fobias o filiaciones, tanto al interior como al exterior de la Fiscalía, en el entendido que no se fabricarán culpables, pero tampoco se harán exoneraciones.

Desde que asumió su cargo, parte de los objetivos fijados por la titular de la FGJ, son la investigación y procesamiento de hechos graves de corrupción de funcionarios de la anterior administración que rebasan los límites de la responsabilidad individual.

En otro sentido y luego de dar a conocer los logros alcanzados respecto a la disminución del 32.7 por ciento de delitos de alto impacto en la Ciudad de México de 2018 a la fecha, refirió que el único ilícito que no observó baja es el de violación que de 2018 a 2020 observó un incremento del .02 porcentual.

Es decir, en 2018, se registraron 1397 denuncias, lo que representa el 3.7 por ciento del total de carpetas de investigación iniciadas ese año, mientras que, en 2020, se recibieron 1505, lo que equivale al 3.9 por ciento.

Al respecto, indicó que, para enfrentar este ilícito, las Unidades Especializadas de Combate al Delito de Violación en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, prevén otorgar atención integral a las víctimas y en el presente año, la meta será duplicar el número de judicializaciones de carpetas de investigación iniciadas por este rubro.

Asimismo, destacó que, en 2020, la FGJ recibió 27 mil 767 denuncias de mujeres víctimas de violencia familiar, lo que representa cerca del 14 por ciento del total de las carpetas de investigación iniciadas por año, en lo que se refiere a delitos de alto impacto.

En síntesis, dijo, la violencia familiar es el delito más denunciado en la Ciudad y, por ello, hizo un llamado a los legisladores, organizaciones civiles, académicos y activistas, a revisar las leyes y los instrumentos de que dispone la FGJ y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para mejorar la respuesta inmediata a los llamados de auxilio de las víctimas y procurarles la justicia que reclaman.

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