Buscan erradicar la violencia contra las mujeres en la educación superior

CDMX, 2 de marzo del 2022.- Al suscribir el documento, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez expuso que desde el inicio de los trabajos de implementación de las directrices para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y del acoso sexual en IES, se impuso la tarea, junto con Inmujeres, de realizar un diagnóstico sobre el estado actual de los mecanismos para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexuales.

Informó que de las 525 IES que participaron, 19 por ciento no cuenta con un pronunciamiento de cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexuales, mientras que 23 por ciento se encuentra elaborando una propuesta de pronunciamiento.

Agregó que 12 por ciento de las IES participantes ha emitido el pronunciamiento, pero no lo realizó la persona titular. El restante 46 por ciento informó que ha emitido el pronunciamiento por parte de la persona titular de la institución.

Además, 69 por ciento de las IES cuenta con una Unidad de Igualdad de Género o área homóloga responsable de dar seguimiento a la política pública en materia de igualdad de género, y 59.6 por ciento tiene un mecanismo de seguimiento de resolución de casos de hostigamiento y acoso sexuales, aplicable para toda la comunidad educativa, señaló.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, subrayó que esta es una decisión firme del Gobierno de México para encarar este grave problema que, en los últimos 20 años, ha presentado un crecimiento muy significativo que ha colocado en una situación de vulnerabilidad a mujeres, niñas, niños y jóvenes en el país.

Detalló que el año pasado se presentó incremento en carpetas de investigación en materia de acoso, hostigamiento sexual —simple y equiparada — de 21 por ciento a nivel nacional; «si bien en estos dos primeros meses se registra un ligero descenso, lo cierto es que estamos enfrentado un problema de carácter estructural”.

“Este problema tiene que ver no solamente con las condiciones de seguridad o de inseguridad, y de violencia que vivimos cotidianamente, sino que tenemos un fenómeno de comportamiento cultural en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, en nuestras familias que llevó a que la violencia se nos metiera en los hogares, en las escuelas, se metiera a los centros de trabajo. Y que necesitamos hacer un esfuerzo, no solamente el conjunto de las instituciones del Estado mexicano, sino de toda la sociedad para revertir esta situación.”

La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, indicó que «la articulación de voluntades entre diferentes instituciones y la visibilización de este enorme reto, es un paso fundamental para que las estudiantes y mujeres que laboran como personal de los centros educativos, cuenten con mejores garantías de protección y de acceso a una vida libre de violencia».

De igual forma, subrayó, «es momento de que todas y todos reconozcamos que el abuso y el hostigamiento sexual en las escuelas no es culpa de las niñas, de las adolescentes o de las jóvenes”.

Puntualizó que «el culpable es el otro, el que utiliza una posición de poder para agredir a una estudiante o a una trabajadora de la educación, y las culpables también son las instituciones que no quieren reconocer que sus estructuras reproducen una violencia machista y patriarcal”.

En tanto, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, destacó que quienes están al frente de las instituciones de Educación Superior tienen la responsabilidad mínima de emitir pronunciamientos firmes de cero tolerancia al hostigamiento sexual y al acoso sexual, así como a todo tipo de violencia contra las mujeres.

Aseguró que con el convenio que se suscribe se reforzarán los mecanismos para prevenir, atender, dar seguimiento y sancionar los casos de violencia. Refrendó el compromiso del Inmujeres para acompañar en todo momento a la SEP y a la Conavim en el impulso de acciones que contribuyan a convertir a las instituciones de Educación Superior en espacios seguros para las mujeres.

La directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, manifestó su profunda preocupación por el entorno de hostigamiento y acoso que afecta a mucha niñas y mujeres en México que, aseguró, son un obstáculo para la construcción de una sociedad auténticamente libre y democrática.

En ese sentido, compartió detalles de las acciones que se han emprendido desde el Conacyt para erradicar estas violencias, destacando iniciativas de investigación e incidencia con enfoque humanístico, que se llevan a cabo desde el Programa Nacional Estratégico de Seguridad Humana, así como cambios en los reglamentos del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) y becas Conacyt que escuchan la voz y el sentir de las mujeres que viven problemas de acoso y hostigamiento sexual. Además, enfatizó la implementación de políticas institucionales de cero tolerancia que priorizan la carga de prueba en las y los victimarios y no, como ocurría en el pasado, en las víctimas.

Por su parte, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, resaltó que la FGJCDMX mejora día a día sus capacidades de investigación, con el objetivo de que ningún delito contra las mujeres y niñas quede impune, lo que significa brindar certeza de que se detendrá y se llevará ante la justicia a las personas que ejerzan violencia de género.

Desde la FGJCDMX se ha insistido en diversas ocasiones en que la erradicación de la violencia en contra de las mujeres y las niñas es un asunto de Estado, que requiere de la participación activa de todas las instituciones, pero también de la sociedad, a la que se exhorta a no callarse frente a este tipo de violencia; alzar la voz y denunciar.

Este convenio resulta oportuno porque actúa en los ámbitos de educación superior, pero es igual de importante comenzar con las niñas y los niños que cursan educación básica, puesto que con ellos se genera una nueva cultura capaz de generar relaciones personales, sociales, culturales y comunitarias, basadas en la igualdad.

Este convenio se inscribe en cinco puntos:

* Visibilizar la violencia

* Desnormalizarla

* Prevenirla

* Denunciarla

* Investigar adecuadamente y castigar a los responsables

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